Las administraciones públicas tendrán que pagar a sus proveedores en un tiempo máximo de 30 días, y las empresas en un máximo de 60. Así lo establece nueva la Ley de Morosidad que ayer entró en vigor. La legislación elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley y persigue equiparar los plazos de pago con los que se registran en otros países de Europa. La norma obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos. La norma sí recoge que las empresas de obra pública puedan contar con plazos diferentes a los establecidos por ley.

Información del BOE